por Peter Sweatman y Albert Cuchí
Entre 2006 y 2012, el sector de la edificación de nuestro país sufrió una caída de actividad del 90%, una auténtica liquidación que lo deja en niveles de hace muchos decenios. Ello ha supuesto el hundimiento de la demanda industrial que generaba y especialmente del empleo, con una pérdida de casi 1.400.000 puestos de trabajo entre 2007 y 2011. Adicionalmente, la explosión de la burbuja inmobiliaria ha sacudido la economía de los españoles puesto que su riqueza inmobiliaria ya ha caído un 22% desde 2007.
Pero con este desplome se nos ha ido también un sector cuya reciente actividad ha comprometido gravemente la sostenibilidad de la sociedad española. Económicamente, porque ha transformado y destruido nuestro sistema bancario, con las consecuencias de todos conocidas. Socialmente, porque ha alimentado la corrupción de nuestro sistema institucional y porque ha arruinado a muchas familias españolas, dejando a una parte de ellas sin vivienda y al borde de la exclusión social. Ambientalmente, porque su actividad producía la destrucción del entorno, y ponía en riesgo la competitividad de nuestra economía en el marco de las restricciones que impone la lucha contra el cambio climático.
Sin embargo, esto requiere la transformación del marco organizativo, normativo y financiero del sector de la edificación español. Un cambio que supone una verdadera reconversión del sector.
La nueva Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas recientemente aprobada supone un paso decisivo en esa dirección. Se trata de una ley que, junto a otros cambios legales, rompe los cauces que formó el antiguo sector de la edificación y los abre a la rehabilitación. A una rehabilitación a escala urbana, de barrio, reconociendo la necesidad de redefinir el urbanismo dedicándolo a una verdadera reconstrucción de la ciudad dirigida a garantizar una habitabilidad basada en el acceso a los servicios públicos que definen hoy el modelo de vida socialmente aceptado.
Sin embargo, se requiere aún un nuevo impulso para configurar el sector de la edificación que necesitamos. Un impulso que debe implicar al resto de Administraciones con competencias en vivienda y en energía, que permita orientar a los agentes hacia sus nuevos fines, que adecue el marco normativo y el marco financiero a la nueva actividad. Y para ello son necesarios otros instrumentos, pasar de la legislación —de la regulación de una actividad existente— al plan, a la definición de unos objetivos viables y a organizar los esfuerzos para conseguirlos, detectando oportunidades y barreras y permitiendo a todos los agentes implicados entender cuál es su papel, su actividad, sus riesgos y sus beneficios.
Un cambio de sector de la edificación que genera también suspicacias, puesto que si el riesgo de la nueva construcción es la especulación del suelo, el riesgo de la rehabilitación es la gentrificación, la especulación que genera la expulsión de los habitantes para sustituirlos por otros de mayor renta. Los riesgos son ciertos, hay que conocerlos y establecer los mecanismos para superarlos. Pero eso es lo interesante: ahora los ciudadanos estamos dentro del sector como agentes imprescindibles. Si hablamos de rehabilitar nuestras viviendas eso reclama nuestra participación, nuestra implicación. Cambiar nuestras casas, nuestros barrios… nuestras vidas, y con ello cambiar el país. ¡Hacer política! No debemos dejar perder esa oportunidad.
Albert Cuchí y Peter Sweatman son miembros del Grupo de Trabajo para la Rehabilitación GTR.
El País, Opinión, 14 agosto 2013
Entre 2006 y 2012, el sector de la edificación de nuestro país sufrió una caída de actividad del 90%, una auténtica liquidación que lo deja en niveles de hace muchos decenios. Ello ha supuesto el hundimiento de la demanda industrial que generaba y especialmente del empleo, con una pérdida de casi 1.400.000 puestos de trabajo entre 2007 y 2011. Adicionalmente, la explosión de la burbuja inmobiliaria ha sacudido la economía de los españoles puesto que su riqueza inmobiliaria ya ha caído un 22% desde 2007.
Pero con este desplome se nos ha ido también un sector cuya reciente actividad ha comprometido gravemente la sostenibilidad de la sociedad española. Económicamente, porque ha transformado y destruido nuestro sistema bancario, con las consecuencias de todos conocidas. Socialmente, porque ha alimentado la corrupción de nuestro sistema institucional y porque ha arruinado a muchas familias españolas, dejando a una parte de ellas sin vivienda y al borde de la exclusión social. Ambientalmente, porque su actividad producía la destrucción del entorno, y ponía en riesgo la competitividad de nuestra economía en el marco de las restricciones que impone la lucha contra el cambio climático.
Quizá el hecho más significativo de su insostenibilidad se desvela en su función social de satisfacer el derecho a la vivienda recogida en la Constitución, puesto que en el momento de máxima producción el sector fue incapaz de proporcionar un hogar a amplias capas sociales que debían competir en el mercado con aquellos que veían en la vivienda una inversión remuneradora y, sobre todo, segura.
Esta seguridad se basaba en el continuado aumento del precio de la vivienda en España, en una sociedad cuya población no había dejado de crecer a lo largo de un siglo y con ella la demanda de viviendas. Ello fue configurando un sector de la edificación básicamente orientado hacia la construcción de nuevos edificios, definiendo sobre esa actividad el papel de sus agentes, el marco normativo que lo regulaba y el modelo financiero que permitía su funcionamiento.
Pero ahora esa situación de crecimiento poblacional ya no existe. Ya no es necesario el sector de la edificación que configuró ese crecimiento poblacional. Ahora necesitamos un sector de la edificación que satisfaga las necesidades de vivienda de la población.
Necesitamos un sector de la edificación dedicado a asegurar la calidad de las viviendas que habitamos, atendiendo a la resolución de sus carencias en lo que se refiere a la accesibilidad, la seguridad de uso y su adaptabilidad a las necesidades de una población que presenta nuevas características como son el envejecimiento y una organización en modelos de hogares muy distintos a la familia nuclear, el modelo para el que se ha construido gran parte de nuestro patrimonio edificado. Un sector dedicado básicamente a la rehabilitación del parque construido, que sea ambiental y económicamente solvente.
Un sector que también tenga en cuenta los recursos necesarios para habitar los edificios, como es la energía necesaria para obtener un confort razonable: hoy día más de un 10% de la población ya está sufriendo pobreza energética, eso es, no puede afrontar los costes de su factura energética doméstica porque hacerlo supone dedicar a ello una parte excesiva de su renta.
Pero la ineficiencia energética de nuestro parque inmobiliario supone un riesgo cierto tanto para nuestra calidad de vida como para la competitividad de nuestra economía. A medida que suba el precio de la energía —y la factura energética de los hogares pasó de 10.000 a 20.000 millones de euros entre 2002 y 2010— la parte de la renta destinada a pagarla aumentará, disminuyendo la capacidad de compra para otros bienes y, a causa de nuestra dependencia energética, generando déficit comercial. También, las emisiones de gases de efecto invernadero producidas para satisfacer esa demanda de energía son un lastre para nuestra economía a medida que aumentan las restricciones a las emisiones nacionales.
Esta seguridad se basaba en el continuado aumento del precio de la vivienda en España, en una sociedad cuya población no había dejado de crecer a lo largo de un siglo y con ella la demanda de viviendas. Ello fue configurando un sector de la edificación básicamente orientado hacia la construcción de nuevos edificios, definiendo sobre esa actividad el papel de sus agentes, el marco normativo que lo regulaba y el modelo financiero que permitía su funcionamiento.
Pero ahora esa situación de crecimiento poblacional ya no existe. Ya no es necesario el sector de la edificación que configuró ese crecimiento poblacional. Ahora necesitamos un sector de la edificación que satisfaga las necesidades de vivienda de la población.
Necesitamos un sector de la edificación dedicado a asegurar la calidad de las viviendas que habitamos, atendiendo a la resolución de sus carencias en lo que se refiere a la accesibilidad, la seguridad de uso y su adaptabilidad a las necesidades de una población que presenta nuevas características como son el envejecimiento y una organización en modelos de hogares muy distintos a la familia nuclear, el modelo para el que se ha construido gran parte de nuestro patrimonio edificado. Un sector dedicado básicamente a la rehabilitación del parque construido, que sea ambiental y económicamente solvente.
Un sector que también tenga en cuenta los recursos necesarios para habitar los edificios, como es la energía necesaria para obtener un confort razonable: hoy día más de un 10% de la población ya está sufriendo pobreza energética, eso es, no puede afrontar los costes de su factura energética doméstica porque hacerlo supone dedicar a ello una parte excesiva de su renta.
Pero la ineficiencia energética de nuestro parque inmobiliario supone un riesgo cierto tanto para nuestra calidad de vida como para la competitividad de nuestra economía. A medida que suba el precio de la energía —y la factura energética de los hogares pasó de 10.000 a 20.000 millones de euros entre 2002 y 2010— la parte de la renta destinada a pagarla aumentará, disminuyendo la capacidad de compra para otros bienes y, a causa de nuestra dependencia energética, generando déficit comercial. También, las emisiones de gases de efecto invernadero producidas para satisfacer esa demanda de energía son un lastre para nuestra economía a medida que aumentan las restricciones a las emisiones nacionales.
En 2010 una decena de expertos creamos una entidad independiente para promover la transformación del sector de la vivienda en España: el Grupo de Trabajo para la Rehabilitación (GTR). En los dos informes realizados hasta ahora, GTR ha demostrado que es posible definir un plan de rehabilitación energética económicamente viable, imprescindible a largo plazo para asegurar la competitividad de nuestra economía. Un plan que supone la rehabilitación de más de 10 millones de viviendas hasta 2050, creando hasta 170.000 empleos, y permitiendo —junto a otras medidas— el ahorro del 20% de las emisiones del sector en 2020 y del 80% en 2050, coadyuvando a alcanzar estos objetivos ambientales de la UE.
Sin embargo, esto requiere la transformación del marco organizativo, normativo y financiero del sector de la edificación español. Un cambio que supone una verdadera reconversión del sector.
La nueva Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas recientemente aprobada supone un paso decisivo en esa dirección. Se trata de una ley que, junto a otros cambios legales, rompe los cauces que formó el antiguo sector de la edificación y los abre a la rehabilitación. A una rehabilitación a escala urbana, de barrio, reconociendo la necesidad de redefinir el urbanismo dedicándolo a una verdadera reconstrucción de la ciudad dirigida a garantizar una habitabilidad basada en el acceso a los servicios públicos que definen hoy el modelo de vida socialmente aceptado.
Sin embargo, se requiere aún un nuevo impulso para configurar el sector de la edificación que necesitamos. Un impulso que debe implicar al resto de Administraciones con competencias en vivienda y en energía, que permita orientar a los agentes hacia sus nuevos fines, que adecue el marco normativo y el marco financiero a la nueva actividad. Y para ello son necesarios otros instrumentos, pasar de la legislación —de la regulación de una actividad existente— al plan, a la definición de unos objetivos viables y a organizar los esfuerzos para conseguirlos, detectando oportunidades y barreras y permitiendo a todos los agentes implicados entender cuál es su papel, su actividad, sus riesgos y sus beneficios.
Un cambio de sector de la edificación que genera también suspicacias, puesto que si el riesgo de la nueva construcción es la especulación del suelo, el riesgo de la rehabilitación es la gentrificación, la especulación que genera la expulsión de los habitantes para sustituirlos por otros de mayor renta. Los riesgos son ciertos, hay que conocerlos y establecer los mecanismos para superarlos. Pero eso es lo interesante: ahora los ciudadanos estamos dentro del sector como agentes imprescindibles. Si hablamos de rehabilitar nuestras viviendas eso reclama nuestra participación, nuestra implicación. Cambiar nuestras casas, nuestros barrios… nuestras vidas, y con ello cambiar el país. ¡Hacer política! No debemos dejar perder esa oportunidad.
Albert Cuchí y Peter Sweatman son miembros del Grupo de Trabajo para la Rehabilitación GTR.
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