por Peter Sweatman y Albert Cuchí
Entre 2006 y 2012, el sector de la edificación de nuestro país sufrió una caída de actividad del 90%, una auténtica liquidación que lo deja en niveles de hace muchos decenios. Ello ha supuesto el hundimiento de la demanda industrial que generaba y especialmente del empleo, con una pérdida de casi 1.400.000 puestos de trabajo entre 2007 y 2011. Adicionalmente, la explosión de la burbuja inmobiliaria ha sacudido la economía de los españoles puesto que su riqueza inmobiliaria ya ha caído un 22% desde 2007.
Pero con este desplome se nos ha ido también un sector cuya reciente actividad ha comprometido gravemente la sostenibilidad de la sociedad española. Económicamente, porque ha transformado y destruido nuestro sistema bancario, con las consecuencias de todos conocidas. Socialmente, porque ha alimentado la corrupción de nuestro sistema institucional y porque ha arruinado a muchas familias españolas, dejando a una parte de ellas sin vivienda y al borde de la exclusión social. Ambientalmente, porque su actividad producía la destrucción del entorno, y ponía en riesgo la competitividad de nuestra economía en el marco de las restricciones que impone la lucha contra el cambio climático.
El País, Opinión, 14 agosto 2013
Entre 2006 y 2012, el sector de la edificación de nuestro país sufrió una caída de actividad del 90%, una auténtica liquidación que lo deja en niveles de hace muchos decenios. Ello ha supuesto el hundimiento de la demanda industrial que generaba y especialmente del empleo, con una pérdida de casi 1.400.000 puestos de trabajo entre 2007 y 2011. Adicionalmente, la explosión de la burbuja inmobiliaria ha sacudido la economía de los españoles puesto que su riqueza inmobiliaria ya ha caído un 22% desde 2007.
Pero con este desplome se nos ha ido también un sector cuya reciente actividad ha comprometido gravemente la sostenibilidad de la sociedad española. Económicamente, porque ha transformado y destruido nuestro sistema bancario, con las consecuencias de todos conocidas. Socialmente, porque ha alimentado la corrupción de nuestro sistema institucional y porque ha arruinado a muchas familias españolas, dejando a una parte de ellas sin vivienda y al borde de la exclusión social. Ambientalmente, porque su actividad producía la destrucción del entorno, y ponía en riesgo la competitividad de nuestra economía en el marco de las restricciones que impone la lucha contra el cambio climático.
Quizá el hecho más significativo de su insostenibilidad se desvela en su función social de satisfacer el derecho a la vivienda recogida en la Constitución, puesto que en el momento de máxima producción el sector fue incapaz de proporcionar un hogar a amplias capas sociales que debían competir en el mercado con aquellos que veían en la vivienda una inversión remuneradora y, sobre todo, segura.
